El secretario general de ASAJA GRANADA, Manuel del Pino, el alcalde de Guadahortuna, Juan Jiménez Martín, y un representante de los afectados, Juan Carlos Atero, han anunciado hoy en rueda de prensa el corte de la carretera A-401 de Guadahortuna a Torrecardela que tendrán lugar el próximo sábado 3 de marzo en protesta por las interminables obras de la A-323 iniciadas en junio de 2008 y a día de hoy sin fecha de finalización.
El próximo sábado 3 de marzo tendrá lugar la primera movilización de los afectados por las inacabadas obras de la A-323, iniciadas en junio de 2008 y a día de hoy sin fecha de finalización. Cortarán la carretera nacional A-401 de Guadahortuna a Torrecardela entre las 11.00 h y las 11.20 horas y entre las 11.40 h y las 12.00. Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa el secretario general de ASAJA GRANADA, Manuel del Pino, el alcalde de Guadahortuna, Juan Jiménez Martín, y un representante de los afectados, Juan Carlos Atero, propietario del complejo cinegético Las Encebras, quienes de nuevo han puesto de manifiesto las penurias que están padeciendo los agricultores y vecinos de varias localidades de la comarca de Los Montes Orientales en Granada y de Sierra Mágina en Jaén desde hace tres años y medio: impago de las expropiaciones de 2008, nuevas expropiaciones sin información pública en 2010, impedimentos para realizar las labores agrícolas, pérdida de cosechas, robos en los cortijos, rodeos de cuarenta kilómetros para desplazarse entre localidades y hundimiento de negocios por el cierre de sus accesos.
En el mes de julio de 2011 ASAJA GRANADA comenzó la ofensiva contra los desmanes de la Junta de Andalucía con las obras de acondicionamiento de la A-323 persistiendo en noviembre y diciembre con aviso de movilizaciones y acometida de otras medidas de presión, como han sido las mociones presentadas en varios ayuntamientos ─el de Guadahortuna al frente─ y la moción presentada en la Diputación Provincial aprobada en el Pleno (con los votos en contra de los diputados del PSOE) instando a la finalización de las obras, así como el recurso presentado ante la Fiscalía en el que se pide una investigación por posible mala utilización de la Administración autonómica de los fondos públicos del dinero adjudicado para la obra (15,7 millones de euros) e indemnizaciones por los perjuicios causados a particulares.
Los gobernantes no han dado respuestas satisfactorias, solo han mostrado intentos de aplacar ánimos con rehuidas (la Delegación de Obras Públicas está dando largas para recibir a una comisión que le quiere entregar un memorándum con estimación de daños) y parloteos: que se inician las obras de inmediato, que se libra una parte del presupuesto, fechas de finalización que no cumplen… Los afectados dicen ¡No más cuentos! y exigen la finalización inmediata de las obras.
