La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha analizado con la delegación española del Grupo Socialista del Parlamento Europeo la repercusión que tendría en el sector hortofrutícola andaluz la posible ratificación de un nuevo acuerdo en materia agrícola entre la Unión Europea (UE) y Marruecos.
Tras la reunión, han anunciado que votarán en contra de la ratificación del protocolo agrícola debido al incumplimiento sistemático del acuerdo actualmente en vigor en todo lo relacionado con precios de entrada y contingentes. «No es lógico ni razonable que el actual acuerdo no se esté cumpliendo y que a Comisión Europea proponga renovarlo», ha aseverado Aguilera tras reunirse con la delegación española del Grupo Socialista, esta mañana en Bruselas.
Durante el encuentro, la titular de Agricultura ha coincidido con la delegación española en que el voto en contra está plenamente justificado una vez que la Comisión Europea ha hecho oídos sordos a las peticiones que desde hace año y medio han venido realizando los eurodiputados socialistas y el Gobierno andaluz para no permitir el continuo incumplimiento de los precios de entrada de productos marroquíes en la Unión Europea. Asimismo, desde Marruecos no se respetan las cantidades asignadas para cada producto reflejadas en el actual acuerdo ni se cumplen las normas europeas de calidad, seguridad alimentaria y responsabilidad social que se aplican a los productos cultivados en Europa. «Es fundamental exigir el cumplimiento de todos y cada uno de estos aspectos para garantizar la defensa de los productores agrícolas andaluces y de los consumidores», ha incidido Aguilera.
«No estamos en contra de los acuerdos comerciales ni tampoco del progreso económico de Marruecos, pero sí estamos en contra de que estos acuerdos se hagan mal y provoquen perjuicios económicos muy serios en muchos pueblos de Andalucía que dependen de la actividad agrícola», ha explicado Aguilera quien ha recodado que el incumplimiento de actual acuerdo pone seriamente en peligro una actividad económica que es esencial en Andalucía. «No solo nos jugamos el desmantelamiento de todo un sector económico sino que además se pone en peligro el mantenimiento de la población en determinados territorios algo que Bruselas no puede consentir debido a que la fijación de la población es uno de los objetivos estratégicos de la Política Agrícola Común».
La consejera ha recordado que en estos momentos es imprescindible que el Gobierno de España lleve a cabo una firme defensa de los intereses andaluces a pesar de que el actual ministro, Miguel Arias Cañete, es el mismo que dio luz verde al acuerdo en vigor.
La Junta de Andalucía ha sellado así su compromiso firme de no apoyar un protocolo agrícola que suponga un perjuicio para las producciones andaluzas y cuyo tratado se votará en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) el próximo 26 de enero.
Incumplimientos del acuerdo agrícola con Marruecos en vigor
El sector viene denunciando el continuo incumplimiento de los precios de entrada preferenciales los productos procedentes de Marruecos -en el caso del tomate, por ejemplo, está fijado en 0,46 euros por kilo- y, en consecuencia, la necesidad de reformar un sistema regulador de los mismos que resulta ineficaz; así como la vulneración de las cantidades asignadas para cada producto, plasmada en el crecimiento de las exportaciones hortofrutícolas de Marruecos por encima de lo establecido en el acuerdo en vigor -120% y 37% más en octubre y noviembre de 2011, respectivamente-.
En cuanto a las normas europeas de calidad, las condiciones exigidas a los productos de la Unión Europea son más exigentes en materia de calidad, seguridad alimentaria y residuos fitosanitarios que las aplicables a otros que se producen en Terceros Países. Una circunstancia que, sumada a que los costes de producción en Marruecos son inferiores, coloca a los productores europeos de frutas y hortalizas en una situación de desventaja al ser víctimas de una competencia desleal.
Ante esta coyuntura, el objetivo principal de la Junta es garantizar la reciprocidad en las importaciones y el correcto funcionamiento de los mecanismos de control, ya que éstos deben asegurar el cumplimiento de contingentes, precios y calendarios contemplados en los acuerdos con terceros países.
Las exigencias de reciprocidad, garantías de calidad y seguridad alimentaria de todas las mercancías ya quedaban plasmados en dos documentos firmados en 2009 y 2010 por las cuatro Comunidades Autónomas productoras de tomate –Andalucía, Canarias, Valencia y Murcia-, cuestiones a las que se añadían también, entre otros aspectos, la petición de realizar estudios sobre el potencial productivo de los países no integrados en la UE y su impacto en la producción española.
