UPA denuncia que sin enmiendas la ley de la cadena alimentaria condenará a las explotaciones agrícolas y ganaderas

El actual Proyecto de Ley para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria demuestra la voluntad de este Gobierno de aparentar que se hace algo para que todo siga igual, o peor.

Tantos años de lucha y reivindicación puede acabar en papel mojado. Lo peor de esta situación es que nos venderán la nueva ley como un logro sin precedentes, nos dirán que con ella se responde plenamente a las exigencias del sector, y no es así. La tramitación de esta norma vuelve a dejar fuera a las Organizaciones Agrarias, no admitiendo a trámite ninguna de las enmiendas propuestas por UPA, y deja frustradas las esperanzas de conseguir una posición de equilibrio para todos los agricultores y ganaderos. Una oportunidad perdida que llena de frustración a los hombres y mujeres del campo.

 

La ley no esconde su iniquidad, estando llena de referencias a las reivindicaciones del campo para frustrar su solución mediante el establecimiento de condiciones que impiden su general aplicación. Por ejemplo, parece que implanta el reclamado contrato alimentario pero seguidamente define las situaciones en las que será obligatorio y deja fuera a gran parte del sector, especialmente a los más débiles; una vez más: las pequeñas y medianas explotaciones.

Otras veces la Ley simplemente omite la reivindicaciones de las personas del campo. Se olvida intencionadamente del concepto de “precios justos”, sin hacer mención alguna a la limitación de comprar por debajo de los costes de producción de los agricultores, ejerciendo la posición de dominio que se tiene en la cadena alimentaria. O la vergonzante actitud del legislador ante la situación de “venta a perdidas” de los productos agroalimentarios por parte de las empresas de distribución.

Si no fuera suficiente con la amnesia selectiva, establece un régimen sancionador que incentiva el incumplimiento de la ley, siendo muchos más los beneficios que obtiene el infractor al conculcar la norma que la sanción que se le puede imponer. Dado el poco interés del gobierno, será muy difícil que alguien pueda ser sancionado, pero si llegara el caso todo quedará en una cantidad simbólica. Y dado el poco espíritu de la ley, no sería de extrañar que se acompañara de una disculpa por parte del gobierno por meterse con quién no debe.

La calculada ambigüedad de la norma se evidencia también en la regulación de los mecanismos de resolución de conflictos. Evitando establecer un sistema de mediación y arbitraje de naturaleza preferente u obligatorio, y remitiéndose a un futuro Código de Buenas Prácticas

Mercantiles en la Contratación Alimentaria de adhesión voluntaria e incierta por parte de los operadores. En definitiva, envía este mecanismo de defensa del ciudadano al Limbo.

Desgraciadamente, la Ley de la Cadena Alimentaria se puede convertir en la cadena perpetua para las explotaciones agrícolas, condenadas a permanecer bajo la tiranía de las comercializadoras y la distribución.

 

Propuestas concretas de enmiendas.

UPA ha valorado positivamente el Proyecto de Ley, aunque considera que ciertos aspectos son mejorables y “marcarán la diferencia entre una normativa que únicamente quede bien sobre el papel o una Ley que reequilibre el sistema agroalimentario en España, beneficiando a todos los eslabones de la cadena”. En este sentido, UPA propone que los grupos parlamentarios enmienden el Proyecto de

Ley en los siguientes aspectos:

Venta a pérdidas: UPA considera que la denominada venta a pérdidas debe considerarse una práctica comercial abusiva prohibida. Las empresas de distribución venden determinados productos por debajo de coste, registrando pérdidas, que compensan con el efecto reclamo que ejercen dichas ofertas. Estas prácticas destruyen valor a lo largo de toda la cadena, hundiendo finalmente las cotizaciones en origen y destruyendo explotaciones. La leche, el aceite de oliva y la carne de conejo son los principales ejemplos de estas prácticas. Incumplimiento de los plazos de pago: los agricultores y ganaderos exigen que se considere como práctica comercial abusiva el incumplimiento de la Ley 15/2010 de Morosidad. De esta manera se aplicarían sanciones para aquellos que no cumpliesen con sus pagos. UPA también ha pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que se comprometa a desarrollar el listado de productos perecederos. En estos momentos, la leche cruda no se considera un producto perecedero, pudiendo pagarse a dos meses vista.

Régimen sancionador: la organización UPA ha manifestado su temor por que el régimen de sanciones no se adecúe al beneficio obtenido por las mismas. Los agricultores pedirán a los grupos parlamentarios que las multas para los que incumplan sean lo suficientemente disuasorias para que la Ley sea efectiva.

Sistema de arbitraje en caso de conflicto: la Ley de la cadena establecerá como obligatorios los contratos por escrito entre proveedores y compradores, aunque el desequilibrio existente actualmente entre las partes podría, a juicio de UPA, generar algunos conflictos. Para resolverlos, la organización propone que la Ley establezca un sistema de mediación y arbitraje, que sería ejercido por el Observatorio de la

Cadena Alimentaria y la Agencia de Información y Control Alimentarios

Precios que cubran costes de producción: los contratos obligatorios por escrito incluirán información como los plazos de pago, las cantidades, volúmenes, etc. pero también deberían recoger un sistema de retribución que esté ligado a indicadores de precios en base a los costes de producción, acordados libremente en el seno de las organizaciones interprofesionales.

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