Miles regantes se manifestaron ayer frente a la delegación del Gobierno de Sevilla en protesta por el sobrecoste de casi cuatro millones de euros anuales que la entrada en vigor de la reforma energética del pasado verano ha supuesto para la factura de la luz del regadío de la provincia de Almería, según datos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE). Su presidente, Andrés del Campo, respaldó la movilización con la lectura de un manifiesto donde se dieron a conocer las principales medidas que los regantes reivindican para atajar esta subida del recibo energético.
De esta forma, los regantes de Andalucía, con consignas tan descriptivas como «el regadío se apaga» o «el campo se electrocuta», mostraron su indignación por la injusta y discriminatoria determinación que el Ejecutivo ha tomado para reducir el déficit de tarifa y que se traduce en un incremento de más de 37 millones de euros al año para el regadío de la región y más de 100 millones anuales para el conjunto de España. En los últimos seis años, la factura eléctrica se ha encarecido una media del 80% y en más de un 1.000% los costes fijos, aunque sólo utilizan el servicio durante la campaña de riego.
Concretamente, las comunidades que han transformado en mayor medida sus explotaciones hacia mecanismos de riego más eficientes son también las más afectadas por la nueva norma, ya que, aunque permiten un ahorro de agua de hasta el 20%, duplican la demanda energética necesaria para funcionar. En la actualidad, Andalucía suma ya más de un millón de hectáreas de superficie regada –cerca del 30% del total nacional-, de las que más de un 80% son abastecidas con estos sistemas de riego eficientes.
En este sentido, para los regantes el Plan Nacional de Regadíos definido por el Gobierno como el «más ambicioso que se ha diseñado en España» ha supuesto también según el manifiesto leído por el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, la ruina económica. Si bien estaba dirigido a reforzar la competitividad del regadío, lo cierto es que al haberse diseñado en función de unos costes energéticos que después se han disparado, actualmente resulta imposible amortizar la inversión, conduciendo al sector a «un callejón sin salida».
Por eso, aunque se saque pecho de las inversiones de más de 2.000 millones de euros previstas en esta legislatura para seguir con la modernización de regadíos, «como no es rentable modernizar, los agricultores preferirán permanecer anclados en el pasado antes que evolucionar hacia un futuro que los condena a la desaparición», leyó Del Campo flanqueado por miles de agricultores «uniformados» con carteles que advertían del peligro de apagón que suponen las actuales tarifas eléctricas para el sector.
Justicia eléctrica para la agricultura
Bajo el contundente lema «El regadío agoniza. No al tarifazo eléctrico» en el manifiesto entregado en la delegación de Gobierno solicitaron soluciones, que no tratos de favor ni subvenciones, como la aplicación de un IVA reducido en el suministro eléctrico, tomando como antecedente el caso de Italia, donde curiosamente las negociaciones de su Gobierno con la Comisión Europea han conseguido dar luz verde a esta medida, mientras que la Administración española parece moverse por motivos más recaudatorios que de interés general.
Además, «los regantes también somos artistas, pero de la producción de alimentos ¿por qué no podemos acceder a un IVA reducido?» se preguntaba del Campo, en clara alusión a la decisión del Ejecutivo de aplicar una reducción impositiva a la compraventa de objetos de arte.
Asimismo, piden pagar de acuerdo a su régimen de uso estacional, abonando únicamente la potencia realmente utilizada en lugar de la contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de los meses de riego. En su defecto, piden que nuestra legislación permita realizar más de un contrato al año con las compañías eléctricas o bien, despenalice los contratos de temporada.
Con el fin de avanzar en la modernización de regadíos y minimizar los costes energéticos derivados de este proceso, exigen la articulación de la normativa marco adecuada para facilitar la producción de energía distribuida cerca de los centros de consumo, eliminado las trabas administrativas actuales.
