Agricultura solicita una normativa europea contra la venta a pérdidas

Con el firme propósito de sumar en la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria en el ámbito de actuación de la Unión Europea, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, propuso una serie de medidas, entre las que figura una normativa que sanciones algunas prácticas comerciales desleales, como la venta a pérdidas. Además, la Junta de Andalucía apuesta en esta dirección por la inclusión de mecanismos de reparto de valor y el incremento de la transparencia del mercado y la información relativa al sector agroalimentario.
De esta acción, informó Rodrigo Sánchez, consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el último Consejo Consultivo de Agricultura celebrado en Madrid, y coordinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, alimentación y Medio Ambiente.
Sánchez explicó al respecto que su departamento respondió el pasado mes a la Unión Europea a una consulta pública de la Comisión sobre la cuestión con un documento de posición del Gobierno regional. Esta comunicación oficial complementó la información ya trasladada a Bruselas en agosto, cuando se solicitó la opinión de los distintos territorios sobre la conveniencia o no de contar con una normativa común dirigida a evitar estas prácticas comerciales desleales.

Desde Andalucía, apuntó Rodrigo Sánchez, se defiende la necesidad de contar con una regulación comunitaria relativa a estas relaciones desleales entre empresas y entre empresas y productores, que debe sumarse a la directiva ya existente para regular la relación de las entidades con los consumidores y productores en el mercado interior. Para ello, considera indispensable crear un marco legislativo que otorgue más poderes de inspección, sanción e intervención en este ámbito a las autoridades comunitarias. De esta forma, «se lograría una mayor armonización en el ámbito europeo al evitar las disfunciones derivadas de los diferentes grados de intensidad de las sanciones impuestas por cada Estado miembro».

Entre las sugerencias que trasladó a Bruselas, el Gobierno andaluz incluye la de crear un organismo que vigile el funcionamiento de la cadena alimentaria. Así, salvaguardar el cumplimiento de la normativa, y por tanto, garantizar la eficiencia que se pretende sobre un equitativo comercio de los productos agroalimentarios. Este organismo, que se establecería tanto a nivel comunitario como de cada Estado miembro, a juicio de los andaluces, «velaría por la correcta aplicación de la normativa y recibiría las denuncias que puedan producirse por abusos derivados de las prácticas comerciales desleales, garantizando el anonimato para evitar que el miedo a acusar a otra empresa perpetúe estas prácticas», apuntó Agricultura.

Instrumentos voluntarios

El documento enviado a la Comisión también recoge la conveniencia de fomentar que se implanten instrumentos voluntarios, como los códigos de buenas prácticas, y de crear una lista abierta de prácticas comerciales desleales a prohibir y entre las que se debería incluir, por ejemplo, la venta a pérdidas. Este listado actualizable recogería todas las actuaciones consideradas como tal pero distinguiendo aquellas de carácter comunitario de las transacciones con terceros países.

Observatorio de precios

Otra propuesta de la Consejería se encamina a combatir la asimetría de la información que existe en las relaciones contractuales del sector agrario, ya que actualmente se dispone de numerosos datos de la fase primaria de las transacciones pero no de las demás etapas de la cadena. Por esta razón, el consejero sugirió la creación de un Observatorio de Precios europeo similar al existente en Andalucía, que aporte además referencias sobre costes y condiciones de las transacciones relativas a los eslabones intermedios del proceso, que serían de gran utilidad para la sociedad y los profesionales del sector. Desde Andalucía se apunta que «el suministro de esta información debería ser obligatorio, pero sin suponer un incremento de la burocracia ni un obstáculo para la libre ejecución de los contratos dado el alto nivel de desarrollo y uso actual de medios tecnológicos avanzados».

Por último, otra de las peticiones del Gobierno regional a Bruselas se refiere a la inclusión de cláusulas de reparto de valor entre los agricultores, sus asociados y el primer comprador en los contratos de productos agrarios. Para hacer efectiva esta posibilidad sería necesario darle la máxima difusión entre los agentes del sector y que las administraciones se involucren asesorando a los interesados con el fin de favorecer acuerdos entre ambos eslabones de la cadena.

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