Planas aboga por una PAC que garantice la renta de los agricultores y mejore la competitividad de las explotaciones

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha destacado hoy en Madrid la necesidad de contar con una Política Agrícola Común (PAC) que suponga una garantía para la renta de los agricultores y permita, además, seguir mejorando la competitividad de las explotaciones, la calidad y la seguridad de los alimentos, la calidad de vida en el medio rural y la sostenibilidad y protección del medio ambiente.

 

Asimismo, el consejero, que ha participado en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, ha señalado la importancia de que la futura PAC esté dotada con un presupuesto fuerte que permita a los diferentes países miembros de la UE dar respuesta al incremento de la demanda mundial de alimentos y la volatilidad de precios. En su opinión, la consecución de estos objetivos se vería dificultada por las primeras propuestas sobre los presupuestos plurianuales del marco 2014-2020, que supondrían un importante recorte de las ayudas de la PAC.

Igualmente, Planas considera necesario, respecto a las ayudas de desarrollo rural, que, al igual que en la política regional de la UE, se recurra a la figura de regiones en transición, con un porcentaje de cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) del 75% sobre contribución pública, que estaría a medio camino entre las regiones menos desarrolladas (85%) y el resto de regiones (50%). Además, se ha mostrado partidario de que las regiones en transición tengan asegurado un presupuesto Feader, como las regiones menos desarrolladas.

Asimismo, Andalucía defiende que el porcentaje de financiación Feader se aumente para las medidas relacionadas con el medio ambiente, la gestión de riesgos y la innovación hasta el 90% en regiones menos desarrolladas y de transición y el 75% en el resto de regiones. También se plantea que las limitaciones a pequeñas y medianas empresas (pymes) de determinadas ayudas no se apliquen a las cooperativas, con objeto de potenciar la concentración de la oferta

En referencia al denominado “pago verde”, Andalucía es partidaria de que se incluyan entre las superficies automáticamente verdes los cultivos con beneficios medioambientales intrínsecos como los leñosos, los de la dehesa, los cultivos bajo agua, las superficies situadas en la Red Natura 2000, las que perciben ayudas agroambientales y las superficies con certificación medioambiental. Igualmente, desde Andalucía se propone que el presupuesto destinado a estas ayudas sea del 15% en vez del 30% y que el 15% de las ayudas que perciba cada agricultor se condicione a las prácticas “verdes”.

Reglamento de OCM única

Respecto a las cuestiones más relevantes para Andalucía en relación con el reglamento de Organización Común de Mercado (OCM) única, el consejero andaluz ha expuesto la necesidad de que la activación de la intervención pública y el almacenamiento privado debe basarse en criterios objetivos y conocidos, en función de unos precios de referencia que deben actualizarse regularmente a partir de indicadores como los precios de los insumos o la evolución de los márgenes. Asimismo, se estima necesario que el sistema de almacenamiento privado se haga extensivo a la aceituna de mesa y que se contemple la posibilidad de que el sector pueda autorregularse en momentos de crisis.

Igualmente, se demanda la necesidad de avanzar en un control más efectivo de las importaciones de países terceros, reforzando el seguimiento de los precios de entrada y la obligatoriedad de los certificados de importación.

Otras de las reivindicaciones andaluzas en relación con el reglamento de OCM única son el mantenimiento de los sistemas de limitación de la producción -cuotas lácteas y de azúcar y derechos de plantación en el viñedo- para evitar su deslocalización; el reconocimiento obligatorio de las Organizaciones de Productores (O.P) en todos los sectores; y que el sector productor agrario se halle, por defecto, exento de la aplicación de la normativa de la competencia de la UE, tal y como actualmente ocurre en ciertos aspectos en el sector lácteo y en el de frutas y hortalizas.

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