UPA destaca la importancia de la gestión sostenible del agua en la producción de alimentos

La agricultura y la ganadería españolas se enfrentan a grandes incertidumbres: la globalización de los mercados, los cambios normativos como la reforma de la Política Agraria Común (PAC), el cambio climático, el incremento de los costes de producción o el escaso margen percibido por los productores son algunas de las amenazas que sufren los agricultores y ganaderos. En este contexto, UPA considera que las políticas del agua y su implicación en el sector agrario van a tener “una gran trascendencia” en la supervivencia del modelo europeo familiar de producción de alimentos.

UPA ha afirmado que, debido a las características hidrológicas de España, es necesaria “una gestión eficaz y socialmente justa del uso del agua en materia agraria”, basada en una planificación hidrológica que tenga entre sus ejes prioritarios la modernización y ampliación de las infraestructuras orientadas al regadío, la redistribución social de los recursos y el fomento del ahorro en el uso del agua y en la mejora en la eficiencia energética de los cultivos.

La organización agraria ha puesto de manifiesto la importancia socioeconómica de los regadíos en nuestro país, aportando más del 50% de la Producción Final Agraria, a pesar de que su superficie apenas representa el 16% del total. No en vano, una hectárea de regadío produce seis veces más que una de secano, la renta de un agricultor de regadío es cuatro veces más alta que la de otro similar en régimen de secano y una hectárea regada genera casi cuatro veces más empleo que una de secano.

UPA ha recordado que sin agua no hay producción agraria ni por tanto alimentos, por lo que el regadío, siempre bajo criterios de sostenibilidad, es un elemento “clave” también para el desarrollo rural.

UPA ha reclamado una mayor participación de los agricultores en las Confederaciones Hidrográficas y se ha mostrado favorable a los “Bancos Públicos del Agua”, que reasignen el recurso con equidad, eficiencia y sostenibilidad, frente a la mercantilización de la gestión del agua a través de la compra-venta de los derechos concesionales.

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